Reos ordenaban hasta crímenes por sistemas ilegales de comunicación

La orden para que se perpetre la masacre del pasado martes salió desde la cárcel Regional de Guayaquil. Los ataques y amotinamientos en los cuatro centros más grandes del país se coordinaron a través de llamadas telefónicas. Estos datos son parte de toda la información que hoy está en poder de policías y fiscales. Los agentes muestran que el uso de celulares en las celdas fue clave para que los reos se comunicaran con la Penitenciaría del Litoral y con las regionales de Azuay y Cotopaxi.

Los primeros informes advierten que solo en el Puerto Principal, los presos realizaron llamadas desde 132 teléfonos. Esos dispositivos fueron hallados en paredes, colchones, baños, techos y columnas. Los investigadores advierten que los equipos descubiertos son de media y alta gama, y que los reos optan por estos aparatos para tener una mejor conexión de Internet porque permiten una señal más clara. ¿Cómo tienen acceso a esta tecnología si está prohibido por una norma penal? Con base en casos documentados, los agentes dicen que hay ciertos guías que ayudan a pasar los dispositivos. Esos datos son corroborados por el Servicio de Rehabilitación (Snai). En sus registros consta que desde agosto del 2019 hasta diciembre del 2020, en el país se ha procesado a 23 celadores. Todos son señalados por supuestamente permitir el ingreso de objetos ilegales a los reclusorios. Otros 127 funcionarios recibieron sanciones disciplinarias por esos hechos. Unos enfrentan penas que van desde uno a tres años. Así lo establece el Código Penal (art. 275).

En la norma se especifican hasta cinco objetos que tienen prohibición de ingresar a las cárceles. Allí aparecen bebidas alcohólicas, drogas, armas, celulares y equipos de comunicación. La Policía descubrió que en la Regional de Guayaquil los internos tienen un mapa con puntos donde no hay cobertura de los inhibidores de señal. Fuerzas Armadas poseen más datos; ha realizado inspecciones de las antenas que están en los exteriores de los reclusorios y advierten que no funcionan al 100% y que todo el sistema tiene puntos ciegos dentro de las celdas. Datos oficiales indican que 60 inhibidores operan en las cárceles del país. La mitad está dañada. Los presos los han destruido en diferentes momentos. El Snai evaluaba hasta ayer 2 de marzo del 2021 los daños a las estructuras provocados el martes anterior. Según las indagaciones, los líderes de las bandas delictivas manejan todo el negocio ilícito de la conectividad. Ellos tienen una cadena para vender teléfonos y alquilar llamadas.

Los familiares de los reos cuentan que por un celular de USD 60 las mafias cobran hasta USD 500. Un minuto de llamada dentro de las celdas puede costar hasta USD 30. Los investigadores lo corroboran. Durante los último hechos, decenas de internos de Turi (Azuay) llamaban a sus parientes para pedir auxilio. Los familiares recuerdan que les marcaban y decían que los van a asesinar, que ya se metieron a los pabellones. En ese centro, los internos manejaban 48 celulares.

En total, en este año los uniformados han retirado 225 teléfonos de las cárceles del país. Esos aparatos son analizados por peritos de la Fiscalía. Ellos dicen que a través de los dispositivos las mafias también planifican asesinatos de personas que estaban en libertad, secuestros, robo de carros, extorsiones y envíos de drogas. Uno de los crímenes que se planificó desde la Penitenciaría fue el de alias Rasquiña, cabecilla de Los Choneros. Él fue acribillado en diciembre. Tres meses antes, la Policía desarticuló dos bandas de nueve personas que se dedicaban al robo de carros. Luego de perpetrar los atracos extorsionaban a sus dueños para devolvérselos. Las negociaciones se realizaban con tres internos. El año pasado, dos directores de cárceles también fueron procesados porque supuestamente conocían y se beneficiaban de pagos ilegales para realizar favores a los detenidos.

Entre esos pactos estaba el ingreso de teléfonos y computadoras a las penitenciarías. Por estos hechos, la Fiscalía ordenó que un equipo de agentes indague las comunicaciones de los internos, en especial las ejecutadas la última semana. Los agentes ya tienen en su poder cinco videos que fueron grabados con celulares y difundidos por redes sociales. Puntos de vista Álvaro Román  Penalista​-Se requiere voluntad política de parte del Gobierno para crear una institucionalidad en el sector. Para lograrlo, lo primero que deben hacer es devolver la rectoría del sistema de rehabilitación a un Ministerio y no continuar con un Servicio de Rehabilitación, que no tiene la capacidad para atender directamente estos problemas. Se debe crear una política criminal y de rehabilitación. Daniel Pontón  Docente

Es urgente crear una política de seguridad del Estado. Debe nutrirse de distintos actores, incluyendo a la sociedad civil. Lo que pasa en las cárceles no se reduce a seguridad penitenciaria. Ahí está en juego la seguridad de Estado, pues hay bandas transnacionales. Diego Pérez  Investigador Es necesario fortalecer tres puntos. Uno es la inteligencia penitenciaria. Creo que no lograron adelantarse a los hechos. Luego está pendiente revisar con detalle los círculos de control. Y tenemos que trabajar con el sistema de administración de justicia.

fuente. ElComercio.com

Bandas, con poder en las cárceles pese a que autoridad admite que se esperaba probable violencia (Ecuador)

Familiares de reos y exfuncionario de Rehabilitación Social dicen que urge la toma de medidas para retomar el control por parte de la autoridad.

Una escasa información oficial marcó la jornada del día después de los ataques macabros simultáneos que se dieron el martes en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Tan solo un boletín emitido alrededor de las 07:00 de este miércoles 24 por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) dio a conocer que la cifra de asesinados subió a 79. En ese documento se decía también que la situación estaba controlada, no obstante casi a la misma hora se registraban conatos de nuevos ataques en el Centro Regional de Guayaquil.

Pero familiares de los fallecidos y exdirectivos del SNAI daban cuenta otra vez de la crueldad del ataque, de la formación de nuevos liderazgos en las bandas, de una supuesta pérdida de hegemonía del principal grupo, Los Choneros, sobre todo, recalcaron la presunta pérdida de autoridad por parte del SNAI.

Hace dos años los entonces funcionarios del Ministerio de Justicia, hoy SNAI, trasladaron a los principales líderes de la banda Los Choneros a otras cárceles para desarticular las estructuras que empezaban a protagonizar riñas con saldos mortales en la Penitenciaría y la Regional de Guayaquil.

El abogado Julio Ballesteros, quien hasta el 2019 fue viceministro de Justicia, explicó a El Universo que se solicitó entonces crear áreas especiales en la cárcel Regional de Guayaquil, en la de Latacunga y la de Turi, en Cuenca, para agrupar ahí a al menos 130 reos de alta peligrosidad, pero que esos pedidos no tuvieron eco.

Las consecuencias se evidenciaron. En el 2019 y 2020 hubo masacres en Guayaquil, Cuenca y Latacunga. El año pasado, 51 reos fueron asesinados en todas las cárceles. Pero la matanza del martes, con 79 víctimas, la mayoría decapitadas, desmembradas, colgadas y con otras formas de crueldad, evidenció el poder absoluto de las bandas, admitido ese día por el director del SNAI, Edmundo Moncayo.

Él señaló que a raíz de la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL, líder de Los Choneros, empezó una lucha por el liderazgo y ya esperaban la violencia. Pero no detalló las acciones preventivas aplicadas para evitar los 37 asesinatos en Guayaquil (31 en la Regional y 6 en la Penitenciaría), 8 de Latacunga y 34 de Turi, en Cuenca.

De esta última se evidenció en videos la mayor crueldad. Allí, la Fiscalía confirmó que 18 cuerpos fueron decapitados. Una de las hipótesis es que las herramientas como una motosierra y una amoladora fueron sacadas desde un taller donde laboraban los reclusos, según un exinterno de ese centro.

Los familiares y amigos que llegaron este miércoles 24 al Centro Forense para retirar los cuerpos hablaban de lo ocurrido adentro. Miguel, un exinterno, que llegó a conocer noticias de sus antiguos compañeros, se mostró conmocionado. Recordó que durante las requisas los reos aprendieron a encerrarse en las celdas y con cualquier elemento que tenían a la mano impedían el ingreso policial y no había manera de abrir.

Pero ahora cree que se usaron las herramientas del taller de metalmecánica para romper las puertas. En cuanto al ingreso de armas de fuego, cuchillos, celulares y drogas, dijo que “todo tiene un precio”.

En Turi, para los más de 2.500 internos de los diferentes pabellones solo hay 110 agentes de seguridad penitenciaria o guías, cuando lo mínimo requerido es 300, según admitió en septiembre el director del Centro, Rómulo Montalvo.

Hay un grupo de personas que se formó como agente, pero que el SNAI no los enroló. Este miércoles, una parte protestó en Quito. Sobre ese y otros problemas, como el no funcionamiento de los inhibidores de señal de celulares, este Diario ha enviado casi una decena de pedidos de información al SNAI desde el año pasado, sin obtener respuesta.

El poder de las bandas se evidenció nuevamente este miércoles, pero en una guerra de videos supuestamente realizados en el interior de los penales.

En uno, un interno, rodeado de decenas de individuos con camisetas blancas, culpa a alias Fito y a Junior de la muerte de JL, líder de Los Choneros, y de haber implantado una especie de esclavitud, y por eso la reacción. Reivindica a una alianza llamada Nueva Generación y culpa a un funcionario del SNAI de supuestamente recibir dinero de sus rivales.

Casualmente, unas volantes arrojadas este miércoles afuera de la Regional de Guayaquil daban cuenta de esa alianza, que la integrarían los Lobos, Tiguerones, Chonero Killers y A.I.K.Q.N. El director del SNAI los había señalado como las bandas en disputa.

En otro video, un reo que dice pertenecer a Los Choneros, también rodeado de internos, culpa de la violencia a los grupos antedichos y dice que su grupo quiere paz.

En la tarde de este miércoles, el presidente Lenín Moreno también habló en un video para señalar algunos de los problemas como la sobrepoblación y el error del anterior Gobierno de construir megacárceles. Dijo que la violencia proviene de grupos externos ligados al narcotráfico.

Ballesteros recomendó como acción urgente algo tan básico como la compra de candados, pues mencionó que los presos en Ecuador prácticamente tiene una copia. (I) (el universo)

Se registran nuevos amotinamientos en cárceles de Guayaquil y Latacunga la noche de este miércoles

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Amnistía Internacional pidió rendición de cuentas a Gobierno ecuatoriano por asesinatos de cárcel

Incertidumbre entre familiares de reos de cárcel de Turi, en Cuenca; 18 de los 34 asesinados fueron decapitados

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El desigual ritmo de vacunación contra covid-19 en América

América experimenta una gran desigualdad en el proceso de vacunación con países que todavía no han recibido vacunas contra la covid frente a otros, como EE.UU. y Chile, que en pocas semanas ya han inoculado a más del 5 por ciento de la población.

Como un modelo a seguir han calificado los expertos la labor de Chile, en donde más de 1,5 millones de personas han sido vacunadas con al menos una dosis desde que arrancó la inmunización masiva el 3 de febrero.

La cifra resulta más que buena para la nación suramericana, que tiene 19 millones de habitantes, y le ha valido el reconocimiento mundial.

Chile, que empezó a vacunar al personal sanitario de cuidados intensivos el 24 de diciembre y la inoculación masiva la semana pasada con los mayores de 90 años, administra 5,58 dosis por cada 100 habitantes, según datos de la Universidad de Oxford.

Este número, aseguran los expertos, es muy superior a la media mundial de 1,9 dosis por cada 100 habitantes y a las 1,94 dosis de Brasil, 1,18 de Argentina y 0,56 de México.

ESTADOS UNIDOS AVANZA PERO CON BRECHAS EN SU TERRITORIO

Si bien Estados Unidos va a la cabeza de la vacunación en América con 13,53 dosis por cada 100 habitantes, en su extenso territorio existen notables disparidades entre estados, como Virginia Occidental, que dobla en porcentaje de vacunados a otro estado con una amplia población rural como Alabama.

De acuerdo con los especialistas, el principal problema radica en la falta de una estrategia clara de vacunaciones a nivel federal, una reclamación que la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha tratado de subsanar en las últimas semanas.

De hecho, datos de la Universidad Johns Hopkins advierten que la brecha entre los estados se profundiza por razones tales como las diferencias entre los sistemas públicos de salud, la coordinación entre los Gobiernos y los centros médicos, cierta desconfianza sobre las vacunas y la gestión en la distribución.

El propio Biden anunció que su país tendrá las dosis suficientes para vacunar contra la covid-19 a casi toda su población, unas 330 millones de personas, a finales de julio, tras llegar a nuevos acuerdos con Pfizer y Moderna.

GRANDES ESPERANZAS PERO PEQUEÑOS PASOS

Aunque América Latina se llenó se esperanza con el inicio de la vacunación a finales de diciembre en México, Chile, Argentina y Costa Rica, los previsiones de la mayoría de Gobiernos no se han podido cumplir por el incumplimiento de las farmacéuticas con las que firmaron contratos o por las dificultades logísticas con las que se han encontrado.

Así, por ejemplo, México, que fue uno de los primeros países del mundo en aplicar el fármaco de Pfizer y BioNTech el 24 de diciembre, hasta ahora solo ha recibido alrededor de 767.000 dosis, lo que impidió su meta de inmunizar a todo el personal médico de primera línea con 1,4 millones de unidades en enero.

Este 10 de febrero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México autorizó la utilización de emergencia de las vacunas contra la covid de las farmacéuticas chinas CanSino y Sinovac para tratar de dar un paso más en ese sentido.

De este modo el país, de 126 millones de habitantes, tiene acuerdos de precompra para 34,4 millones de dosis de Pfizer, 77,4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V y 51,5 millones de la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El problema ahora es que lleguen en los tiempos pactados.

También, en Brasil, el segundo país de América más afectado por la pandemia, después de Estados Unidos, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, declaró que «toda la población» será inmunizada este año y que, aunque la variante amazónica de la covid-19 es «tres veces» más contagiosa, las vacunas existentes la combaten.

Con 236.200 muertos y casi 10 millones de casos, el ministro dijo esperar que el «50 % de la población» del país, de 210 millones de habitantes, sea vacunada en el primer semestre de 2021 y el otro 50 % durante el segundo.

Sin embargo, varios senadores pusieron en tela de juicio tal afirmación ya que, hasta ahora Brasil solo ha obtenido 11 millones de dosis que comenzaron a ser aplicadas el mes pasado y que en algunas ciudades están a punto de agotarse.

Otro que ha tenido contratiempos en la vacunación es Argentina, que este viernes llegó a los 50.029 fallecidos por la covid-19, enfermedad que ya han contraído 2.015.496 personas en esa nación.

Argentina tendrá un total de 610.000 dosis de cada componente, lejos de los 5 millones que, según el contrato firmado con el Fondo Ruso de Inversión Directa, se preveía recibir en enero y los 14,7 millones previstos en febrero, y a gran distancia de países como Chile con sus 1,5 millones de vacunados.

QUEJAS Y RECLAMOS

En medio del frenesí mundial por la vacunación empiezan a salir a la luz pública las primeras quejas y reclamos por la administración de los fármacos.

Tal es el caso del Departamento de Salud de Puerto Rico, que investiga la posible violación de la normativa que establece el orden de vacunación en la isla por grupos de prioridad mientras crece la ansiedad entre los mayores por ser inoculados y el gobernador Pedro Pierluisi pide calma.

«Mantengamos la calma. Todas las personas que tengan 65 años o más serán llamadas para ser vacunadas», señaló Pierluisi, quien agregó que, gracias a la relación con Estados Unidos, este territorio se encuentra en mejor situación que más del 90 % de los países del mundo.

El funciono alentó a los pobladores al manifestar que los vecinos del Caribe, como República Dominicana, «esperan recibir sus primeras dosis luego del mes de marzo», mientras que en Puerto Rico ya se han administrado cerca de 400.000.

Mientras que las autoridades ecuatorianas también han tenido cuestionamientos sobre la vacunación.

Ecuador arrancó el pasado 21 de enero con un plan nacional de vacunación, que inició con una «fase piloto» en la que se han distribuido unas 8.000 vacunas para el personal sanitario de la llamada «primera línea», así como para ancianos de centros geriátricos. Las siguientes dosis no han llegado en las fechas anunciadas por las autoridades gubernamentales.

Ese lote de vacunas corresponde a una primera remesa de 86.000 dosis negociada con la farmacéutica estadounidense Pfizer, que entregará este año un total de dos millones a Ecuador.

Ecuador también ha autorizado el uso y la importación de cinco millones de dosis de la vacuna británica de AstraZeneca y la Universidad de Oxford para fortalecer el plan de inmunización.

El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que invertirá unos 200 millones de dólares en la adquisición de vacunas contra la covid-19, que serán distribuidas hasta septiembre u octubre para inmunizar a unos 9 millones de habitantes, el 60 % de la población.

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