Guadalupe Llori asambleista de Pachakutik de la provincia de Orellana es la nueva Presidenta de la Asamblea de Ecuador
Quién es la nueva Presidenta?
Esperanza Guadalupe Llori Abarca (Puerto Francisco de Orellana, 10 de febrero de 1963) es una política ecuatoriana.
Inició su vida política en las elecciones seccionales de 2000, donde ganó la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada principalmente en mejorar el área de salud.1
En las elecciones seccionales de 2004 fue elegida prefecta de la provincia de Orellana por la alianza entre el movimiento Pachakutik, la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano.1
Huelga de Dayuma
El 8 de diciembre de 2007 fue detenida bajo acusaciones de sabotaje y terrorismo por supuestamente haber organizado una huelga en la población de Dayuma.2 Durante su tiempo detenida denunció malos tratos y humillaciones de las que aseveraba ser víctima, lo que produjo que la organización Human Rights Foundation enviara una queja al gobierno ecuatoriano.3
El 25 de enero de 2008 un juez de la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja ordenó su liberación.4 Sin embargo, la orden fue anulada días después luego de que el juez que la emitió fuera acusado de prevaricato por haber adelantado su criterio sobre el caso en una entrevista otorgada a un canal de televisión local.5
A principios de marzo de 2008 la Asamblea Constituyente de Ecuador otorgó amnistía a los implicados en la huelga de Dayuma, incluida la prefecta Llori,6 pero permaneció encarcelada debido a una denuncia de peculado realizada en su contra por supuestas irregularidades en la construcción de vías en su provincia.3
El 7 de marzo fue destituida de su cargo por el consejo provincial en una votación de 3-2. El licenciado Alberto Zambrano la sucedió en el cargo.7 En septiembre del mismo año fue declarada inocente en el juicio por peculado, saliendo en libertad luego de nueve meses de prisión.8 En enero de 2009 un juez ordenó su restitución al cargo de prefecta,9 pero la decisión fue apelada por el prefecto Zambrano.10
Vida política posterior
En las elecciones seccionales de 2009 recuperó el cargo de prefecta de Orellana bajo el auspicio del movimiento Pachakutik, venciendo en una reñida contienda al prefecto Zambrano, que intentó conservar el cargo por el Movimiento Popular Democrático. En las elecciones de 2014 fue reelegida al cargo con un amplio margen en la votación. A finales de 2018 renunció a su cargo para participar fallidamente como candidata a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana.
Abogada de los tribunales otorgado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, fue dirigente Estudiantil, incansable activista por los Derechos Humanos, Jefe Político de Francisco de Orellana, Alcaldesa de Francisco de Orellana, y Prefecta de la Provincia de Orellana por 3 periodos consecutivos, 2004, 2009 y 2014.
En 20121 electa asambleísta de Orellana con un alto margen de votos y ahora presidirá la Asamblea Nacional del Ecuador periodo 2021-2023
LA SOMBRA DEL CORREISMO
El 8 de diciembre de 2008 Rafael Correa presidía el Ecuador y seis días antes, el paro petrolero en Dayuma (Orellana) se había zanjado con un estado de emergencia y la detención de 23 personas, entre ellas la prefecta Guadalupe Llori. Ese día, varios militares y policías allanaron su domicilio para aprehenderla y llevarla a Quito. Luego de nueve meses y 15 días en prisión, la ‘Mama Lucha criolla’ –así la insultó Correa, con toda la fuerza de su omnímodo poder, según recoge diario El Universo– recuperó la libertad al ser absuelta de los cargos de terrorismo, sabotaje y peculado. El primer fallo de la Corte de Nueva Loja, de enero de 2008 que ordenaba su libertad, y la amnistía otorgada a su favor por la Asamblea de Montecristi no dieron resultado, pues a Llori le abrieron dos procesos más, luego de que la Contraloría examinara algunos contratos viales. Tres de los cinco consejeros de Orellana la destituyeron el 7 de marzo; Llori perdió el cargo de prefecta. Por las condiciones en la que se dio su detención, por la forma en la que el gobierno de entonces manejó el caso, por el maltrato y asedio que supuestamente sufrió en la cárcel y porque no hubo recurso legal interpuesto que garantizara los derechos judiciales de la detenida, organizaciones como Human Rights Watch enviaron sendas comunicaciones al entonces presidente Correa para que velase por la integridad de Llori. La obligaban a lavar ollas y fregar pisos para amedrentarla, sin olvidar las requisas y los forcejeos en su celda. Carondelet desestimó cualquier ensañamiento en la cárcel, negando que se tratara de una “prisionera de conciencia”.