Pastaza: MUJERES WAORANIS NO COMPARTEN DECISIÓN DE CIDH Y VULNERACION DE DERECHOS DE NIÑA TAROMENANE

MUEJERES WAORANIS EN RUEDA DE PRENSA MOSTRARON PREOCUPACIÓN SOBRE CÓMO SE DIO LA AUDIENCIA DE LA CIDH EN BRASIL QUE SE CUMPLIO EL 23 DE AGOSTO 2022 Y  EL CASO DE LA NIÑA TAROMEMANE «CONTA» QUE SE ECUENTRA AISLADA EN CAUTEVERIO EN LA COMUNIDAD BAMENO (Video) 

(II parte de la audiencia en Brasil, cumplida 23 de agosto 2022)

Luego de 7 años de la demanda al Estado ecuatoriano ante la Comisión de CIDH se da una segunda audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos #CIDH  en Brasil sobre la protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario PIAV del Yasuni, donde sobresale el caso #tagaeri-#taromenane
ANTECEDENTES:

Caso Tagaeri y Taromenani en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

26 octubre, 2016

CONAIE 01/12/2015
Caso Tagaeri y Taromenani en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 29 de octubre de 2015, en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo la audiencia de fondo en el caso de los Pueblos en Aislamiento Tagaeri y Taromenane.

Dentro del proceso se discute la responsabilidad del estado Ecuatoriano por la violación de los derechos a la vida, al territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos.

El caso versa sobre las matanzas ocurridas en los años 2003, 2006 y 2013, en donde aproximadamente 60 personas, entre niños, niñas y mujeres, han sido asesinados poniendo en grave peligro la supervivencia de estos pueblos. En el año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los Pueblos Tagaeri y Taromenane, por lo que el Estado Ecuatoriano estaba en la obligación de prevenir nuevas agresiones. La ampliación de la frontera petrolera, la pasividad ante la colonización (e inclusive complicidad al adjudicar territorios de pueblos indígenas), el abandono y contacto violento con la nacionalidad Waorani, y una delimitación de la zona intangible funcional a la actividad petrolera llevaron a que en 2013 los eventos de violencia se repitan. La matanza de 2013 fue advertida al Estado por varios estamentos de la sociedad civil, sin que se hayan tomado las acciones necesarias para impedir esta desgracia.

La nacionalidad indígena Waorani convive con los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, no se puede concebir un plan de protección a estos pueblos que no incluya la protección a la nacionalidad Waorani. Como lo ha expresado en el pasado líderes de esta nacionalidad es la explotación petrolera, con sus carreteras, colonización y contaminación las que han generado los conflictos en la zona. La protección de los Waorani y de la posibilidad de que puedan mantener su cultura en un territorio adecuado son medidas fundamentales para disminuir la presión sobre el territorio de los pueblos aislados. Para esto es indispensable asumir que la principal actividad que genera estos problemas y que está bajo directo control del Estado es la petrolera.

En la audiencia participaron los abogados Mario Melo Cevallos, Ramiro Ávila Santamaría, Pablo Piedra y David Cordero Heredia en representación de los peticionarios Fernando Ponce Villacís, Colectivo Yasunidos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Por parte del Estado participaron funcionarios del Ministerio de Justicia, de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado. La defensa del estado se centró en negar que la actividad petrolera tenga que ver con las masacres, hablaron sobre la implementación de las medidas cautelares y culparon de las masacres a la nacionalidad Waorani.

El testigo Eduardo Pichilinge fue director del programa de medidas cautelares en el Ministerio de Ambiente (MAE). El testigo demostró como varios requerimientos del MAE de suspender actividad petrolera en la zona fueron desatendidos por el Ministerio de Recursos no Renovables, así mismo como varios mapas que contenían los indicios de presencia de los pueblos Tagaeri y Taromenane fueron alterados para obtener el consentimiento de la Asamblea Nacional para explotar los bloques 31 y 43 (ITT).

La posición de los peticionarios es clara: ante la posibilidad inminente del exterminio de los pueblos Tagaeri y Taromenane, cualquier consideración económica debe pasar a segundo plano. No se puede poner precio en barriles de petróleo a la vida. Al finalizar la audiencia se solicitó a la Comisión que declare la violación a los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane por acciones y omisiones del Estado Ecuatoriano y que ordene como medidas de reparación:

  • Detener la expansión de las actividades petroleras, construcción de carreteras y colonización en el territorio de los pueblos en aislamiento.
    •    Retirar ordenadamente las actividades petroleras que ya se encuentran en ejecución dentro del territorio de los pueblos en aislamiento.
    •    Delimitar el territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane según los estándares del Sistema Interamericano, es decir basado en el uso ancestral y no en los bloques petroleros.
    •    Revocar las adjudicaciones realizadas en territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane y la nacionalidad Waorani.
    •    Atender las necesidades de la nacionalidad Waorani, entre las que se encuentran el respeto a su territorio, así como el respeto de sus derechos colectivos y económicos, sociales y culturales, sin condicionar estos a la firma de convenios en donde acceden a la realización de actividades extractivas.
    •    Que se investigue seriamente las matanzas, dejando en claro la responsabilidad de funcionarios públicos, empresas petroleras y madereras, de manera que la sociedad conozca la verdad de los hechos y así procurar que estos no se vuelvan a repetir.

Al final de la audiencia la dirigente Waorani Alicia Cahuiya, quien participó como testigo de los peticionarios, fue amenazada por uno de los miembros de la comitiva del Estado. La situación ya está en conocimiento de la CIDH, esta instancia de defensa de derechos humanos concedió, este lunes 26 de octubre, la solicitud de medidas cautelares y ordenó al Estado Ecuatoriano proteger la vida y la integridad de Alicia Cahuiya. La CONAIE se solidariza con la compañera Cahuiya, reconoce su valiente lucha por los derechos de su nacionalidad, así como la de los pueblos en aislamiento voluntario y responsabiliza al Estado Ecuatoriano por su seguridad. Este es un nuevo caso en donde el Estado está generando conflictos dentro de las nacionalidades indígenas, esta forma perversa de hacer política busca romper la hermandad que ha caracterizado a nuestros pueblos y viola la Constitución del Estado Plurinacional de Ecuador.


Las escenas olvidadas del reencuentro de las niñas taromenane (PLAN V Sep. 2019)

Fotografías del libro: Una tragedia ocultada, de Milagros Aguirre y Miguel Ángel Cobodevilla

Las hermanas taromenane han estado separadas desde noviembre de 2013. Ahora viven con familias adoptivas.

La Fiscalía informó el pasado 28 de agosto sobre el reencuentro de las hermanas taromenane que sobrevivieron a la matanza de su clan en 2013. Pero detrás de ese hecho hay una historia de dolor, desaciertos y revictimización de las menores por parte de la Fiscalía y del Estado. Plan V consultó con waoranis, expertos y funcionarios para recuperar la memoria de esa tragedia.

Dos niñas y una matanza

En la primera escena están los rostros pálidos de dos niñas taromenanes. La una tiene siete años, la otra tres. Ambas fueron secuestradas por un grupo de waoranis en abril de 2013, después de que los hombres indígenas mataran a un número aún indeterminado de taromenanes en aislamiento en la selva amazónica ecuatoriana.

La periodista Milagros Aguirre recreó el plagio de las dos niñas en su libro Una tragedia ocultada, que escribió junto con el sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla y que fue censurado en el gobierno de Rafael Correa. Las niñas, narra la comunicadora, fueron llevadas a la comunidad Yarentaro en canoa. Las menores se llaman C. y D. La mayor es C. y cuando fue trasladada por sus captores tenía amoratados sus labios, describe la periodista. D, en cambio, reflejaba una tristeza infinita.

Las niñas sobrevivieron porque se escondieron junto a su madre. Ella era joven y con sus dos hijas habría estado fuera de la casa donde se produjo la matanza. Pidió a los vengadores que respetaran su vida y la de sus hijas; se ofreció para ser la mujer de quien la llevara. El libro tiene un duro relato relato sobre los últimos minutos de la madre:

Entonces un wao reclamó para sí a las dos niñas. El rapto de niñas, tanto de otros grupos waorani atacados como también de cowori, ha sido bastante frecuente en su tradición. Algunos se negaron a aceptarlo, pues insistían en que todos debían morir, y se produjo un momento de gran tensión. El relato insinúa que podría haber habido disparos entre waorani de no haber estado varias de sus armas descargadas. Al ver aquello, la mujer se ofreció a un veterano, el cual estuvo tentado de llevarla también consigo. No se lo permitieron, le dijeron que no podría encargarse de ella, era demasiado viejo para retenerla sin que huyera. Así que uno de ellos la mató allí mismo, ante los ojos de sus hijas”.

¿Un nuevo secuestro?

Después de la matanza, las niñas vivieron en las comunidades aledañas Yarentaro y Dikaro, ubicadas en el Bloque 16.

La segunda escena empieza en una escuela en Yarentaro, el 26 de noviembre de 2013. Policías élites encapuchados ingresaron a las aulas donde asistía C. y la sacaron a la fuerza. La pequeña había permanecido allí por ocho meses. Usaron dos helicópteros. La subieron a uno de ellos y la trasladaron hasta un hospital en el Coca, capital de Orellana. Para el Gobierno, esta acción fue un rescate. Pero para activistas y líderes waorani se trató de otro secuestro, esta vez por parte del Estado.

Pero, ¿por qué las separaron? El entonces fiscal Galo Chiriboga justificó la sorpresiva intervención. Aseguró que la niña más pequeña estaba en una zona donde no corría peligro, mientras que la otra sí tenía riesgo. Pero nunca explicó qué pasaba con las niñas para armar una incursión policial jamás vista en esa población waorani. Un reporte de la agencia EFE lo recuerda: “El informe ministerial no precisa si se produjeron incidentes con los indígenas waoranis que mantenían retenida a la menor, así como tampoco sobre la situación de la otra niña taromenane que fue capturada tras el ataque de abril”. Ese mismo día detuvieron a seis personas involucradas en la matanza y así empezó un proceso que ha sido calificado como un galimatías judicial.

D., la hermana menor, se quedó en Dikaro. Mientras que C. fue trasladada hasta la comunidad de Bameno, ubicada en el río Shiripuno, en la zona intangible del Yasuní. Fueron separadas. Ambas poblaciones quedan a un día de camino. Desde entonces las dos niñas viven con sus nuevas familias. D. vive con la familia de Araba Omeguai, su captor, y C. fue adoptada por Penti Baihua, un líder de Bameno.

Pero para llegar a ese momento, Aguirre sostiene que el Estado dio ‘palos de ciego’, además de revictimizar a la niña. Y esa acción provocó que se creen tensiones entre los waoranis de Dikaro y Yarentaro con la comunidad de Bameno que acogió a la niña C.


Imágenes de la niña C., la mayor de las hermanas, en la comunidad waorani que la acogió.

UNA TRAGEDIA OCULTADA ES UN LIBRO ESCRITO POR MILAGROS AGUIRRE Y  MIGUEL ÁNGEL CABODEVILLA. EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE CUMPLE SEIS AÑOS DE SU PUBLICACIÓN. REVELÓ LOS DETALLES DE LA MASACRE DE TAROMENANES EN 2013. LA OBRA FUE CENSURADA EN EL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA.

El padre José Miguel Goldaraz, del Vicariato de Aguarico, aún cuestiona duramente el operativo que separó a las niñas. “Fue un verdadero secuestro. Va en contra de los derechos y fue algo criminal con todo el grupo de niñas waoranis (de la escuela)”.

El religioso, quien vive en la zona desde hace 50 años y trabaja de cerca con las comunidades indígenas, explica que dentro de mundo waorani, las niñas fueron llevadas por los vengadores para adoptarlas. Y refuta la versión oficial. El Ministerio del Interior de entonces dijo que fueron capturadas como un trofeo de guerra. “El Gobierno dijo que son testigos son protegidos. Para mí tienen que protegerles del Gobierno. Ellas han sido protegidas por sus padres adoptivos. (Dijeron que) como eran raptadas corrían riesgo total, pero no entienden nada de la mentalidad waorani. Las tienen como hijas no como botín de guerra”.

En efecto, desde el primer año se supo que D. creó lazo afectivos con la familia de Araba. Él fue uno de los vengadores, pero expertos y fundaciones coinciden en que él la protege y la quiere. Él fue uno de los procesados por la matanza. El pasado 14 de agosto, los waoranis acusados conocieron su sentencia: 200 horas de trabajo comunitario. La Fiscalía informó que la resolución aplicó principios de interculturalidad. Pero ese juicio, que primero fue por genocidio y luego por homicidio, generó duras críticas por el desconocimiento y entendimiento de los funcionarios judiciales sobre la cosmovisión waorani.

De regreso a las niñas, su vida se ha integrado a sus comunidades. Plan V pudo conversar con Penti Baihua, el padre adoptivo de la niña C. Recuerda que el día que la acogió había llegado a Bameno después de un viaje con unos turistas. Su hermano le dijo que había una niña que la querían mover a otro lugar. Fue a saludar y cuando la vio se dio cuenta que era una niña waorani. La recibió y la integró a su familia. Penti tiene una gran familia de cinco hijos y tres hijas. Todos están casados. Pero ahora C. vive con la cuñada de su esposa y una nieta con discapacidad. C. lo llama ‘abuelo’ y Penti dice que es un niña feliz y libre. Del Estado solo ha recibido víveres y ropa.

¿Un reencuentro improvisado?

La tercera escena es el reencuentro. Pasaron seis años para que se diera. Según un boletín, la gestión de la Fiscalía y la de la mesa interinstitucional permitieron un acercamiento entre las comunidades waoranis. Estuvieron presentes Penti y Araba con sus respectivas hijas. Plan V conoció que una primera visita se dio en Pompeya, una comunidad kichwa, ubicada a una hora río abajo por el Napo, en el camino hacia Dikaro. Después se dio el encuentro oficial. A este último asistieron autoridades de la Fiscalía, del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Derechos Humanos.

Penti contó a Plan V que a la cita llegó él y Araba con sus esposas. Las niñas conversaron, caminaron y se bañaron en una piscina. Dijo que ambas están muy bien. Para Penti, el reencuentro fue un hecho importante. Agregó que la niña C. está aprendiendo español. Las hermanas aprovecharon las vacaciones para verse. Asimismo espera que las menores puedan visitarse de ahora en adelante en esos lapsos. ¿Por qué no se vieron antes? Según Penti, C. tenía miedo y él, como su padre adoptivo, no quería generar más problemas.

Pero este reencuentro tiene críticas. El padre Goldaraz lo considera un ‘show’. Porque en su opinión no ha se ha dado paso a dos temas trascendentales: la reparación y la investigación de los hechos que derivaron en la matanza de 2013. Sobre lo primero, la única institución que ayudó en algo a las menores fue Salud, en su opinión. D. fue atendida en el puesto de salud que existe en Dikaro. A C. la revisaron las brigadas itinerantes que se trasladaban a la zona de Bameno. Una de las niñas, C., hasta ahora no ha sido inscrita en el Registro Civil.

«EL RAPTO DE NIÑAS, TANTO DE OTROS GRUPOS WAORANI ATACADOS COMO TAMBIÉN DE COWORI, HA SIDO BASTANTE FRECUENTE EN SU TRADICIÓN», EXPLICA EL LIBRO UNA TRAGEDIA OCULTADA

Sobre las investigaciones, está la falta de indagación sobre la presión de las petroleras en territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. Como lo describe el libro La tragedia ocultada los hechos iniciaron el 5 de marzo de 2013 en el poblado wao de Yarentaro, al borde de la Vía Maxus, en pleno Bloque 16 explotado por Repsol. Ese día apareció un grupo numeroso de hombres taromenane corpulentos con sus lanzas. De Yarentaro era vecina la pareja de ancianos waoranis Ompure y Buganey. A diferencia de su familia que era más cercana a la petrolera, ellos vivían lejos, en la selva. Ambos fueron emboscados por el grupo de hombres y lanceados. Murieron.

Pero el libro revela que Ompure había tenido fricciones previas con los taromenanes. Ellos le pidieron hachas, machetes y ollas, pero el anciano no pudo conseguir suficientes para todos. También su casa estaba en el camino de los guerreros. Ompure vivía con miedo porque además a él le reclamaba por “cualquiera que irrespetaba su territorio, por el ruido de los pozos petroleros del norte, por las carreteras que cortaban sus antiguas sendas e impedían su paso”. Penti dice que el clan tagaeri-taromename estaba muy enojado porque creían que iban a invadir sus tierras. Tras la muerte de los ancianos, los waoranis buscaron venganza y asesinaron a un grupo de taromenanes que pudo pasar los 20.

El libro recoge otra declaración de la Fiscalía que pasó desapercibida. “La Fiscalía está verificando una versión dada por las menores de que una aeronave hizo un sobrevuelo y arrojó comida envenenada que comieron varios indígenas Taromenane, produciendo la muerte de algunos de ellos. El fiscal Chiriboga dejó abierta la posibilidad de que, de comprobarse el asesinato y determinar responsables, estos podrían ser juzgados por la justicia ordinaria”. Pero el padre Goldaraz recuerda que esa versión nunca fue investigada.

EL PADRE JOSÉ MIGUEL GOLDARAZ, DEL VICARIATO DE AGUARICO, AÚN CUESTIONA DURAMENTE EL OPERATIVO QUE SEPARÓ A LAS NIÑAS. “FUE UN VERDADERO SECUESTRO. VA EN CONTRA DE LOS DERECHOS Y FUE ALGO CRIMINAL CON TODO EL GRUPO DE NIÑAS WAORANIS (DE LA ESCUELA)”.

Jesús García, presidente de la Fundación Labaka, afirma que el Estado ha sido partícipe del conflicto porque está obligado a proteger los pueblos no contactados. Recalca que la zona intangible y de amortiguamiento del Yasuní no ha sido respetada y se ha ido reduciendo. “Ha existido una intromisión constante dentro de su hábitat. Hay una violencia institucional y social que no siempre se ha valorado”.

La Fiscalía hizo y deshizo en el caso, recuerda Aguirre. En el libro narra junto con Cabodevilla el celo de esa institución en las investigaciones y expresaba su molestia por las opiniones sobre el tema. Ahora de nuevo entra a escena con el reencuentro de las hermanas. Según un funcionario que prefirió mantener su anonimato y que ha seguido de cerca la situación de las niñas en los últimos seis años, el reencuentro fue improvisado. La Fiscalía informó de última hora que se iba a dar esa cita y los actores operativos -que han cuidado y conocen a las niñas- no estuvieron presentes. Eso a pesar de que dos semanas antes, la mesa interinstitucional se había planteado generar un protocolo previo. Tampoco se había definido una fecha. Dice que la mayoría de los funcionarios se enteraron por la prensa. Algo que en su criterio tuvo como finalidad un ‘show mediático’.

¿Hubo algún protocolo? Plan V buscó una respuesta de Pío Palacios, fiscal provincial de Orellana, pero prefirió que la funcionaria encargada del tema Anahí Briceño, directora nacional del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, se pronunciara. Ella estuvo presente en el reencuentro. Briceño dijo que respondería en una semana la entrevista. “¿Qué situaciones puede generar el post encuentro?”, se pregunta la fuente. “Es una tomadura de pelo frente al interés superior de las niñas”, agrega.

Penti narra que ahora su principal lucha es por preservar sus tierras ancestrales y pide al Estado que las reconozca como tales. A él y su comunidad les preocupa el avance de la explotación de los Bloques 43 y 31 en el Yasuní. Y por eso manda un mensaje al Gobierno: “Deja vivir en nuestro territorio, no queremos más petroleras. C. necesita de su territorio y de su familia”.

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