Sucumbíos: 9 procesados por paro

(Aqui Sucumbíos)

NUEVE LAGOAGRENCES PRESOS POR LA DICTADURA DE MORENO

Luego de larga deliberación jurídica, se dictaminó la prisión preventiva y sometimiento a juicio directo para juzgamiento para el 18 de octubre a las tres autoridades de Sucumbios y otros ciudadanos.

Este 8 de octubre de 2019, a partir de las 17h00, se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, en la causa de la referencia, en contra de Amado Chavez, Yofre Poma, Víctor Burbano, César Pachacama, Steven Torres, Gonzalo Villamil, Jenny Rodriguez, José Gómez y Carlos Chacha, por el presunto delito de paralización de servicio público.
En la misma el Dr. David Jacho Chicaiza, Conjuez Nacional, dispuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de todos los procesados, medida que la cumplirán en el Centro de Privación de Libertad de las Personas Adultas No. 4, para los procesados varones; y, en el Centro de Acogimiento de Chillogallo, para la procesada mujer.
Además se dispuso las medidas de carácter real, esto es la prohibición de enajenar bienes, para lo cual se dispuso oficiar a las Entidades Públicas pertinentes. Así mismo, se dispuso que se convoca a audiencia de juicio directo para el día 18 de octubre de 2019, a las 09h00

Durante la audiencia que duró casi 7 horas, la Fiscal Diana Salazar, presentó los elementos de convicción que hacen presumir la participación de los procesados en el mencionado delito.

En el comunicado se señala además, que los procesados “habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador”.

De acuerdo con la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y 19 minutos lo que implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme a lo determinado por el artículo 326 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, que ocasiona un perjuicio económico al Estado de USD 1 723 918,72.

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