Gobierno cree que las amnistías debieron ‘amparar’ a policías y militares que intervinieron en las protestas de octubre del 2019
Que las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional a ciudadanos procesados por su participación en las violentas protestas de octubre del 2019 se extiendan también a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas fue el pedido del Gobierno nacional.
Luego que la madrugada de este 10 de marzo, con 99 votos afirmativos de los integrantes del Parlamento, se concedió la amnistía a 286 personas, entre ellas, procesadas por los hechos de octubre del 2019; otras por la aplicación de la justicia indígena o por defensa de sus territorios y de la naturaleza, desde el Ejecutivo hubo una mirada crítica a la decisión.
El consejero presidencial Diego Ordóñez en una breve alocución desde el salón Azul del Palacio de Gobierno, este 10 de marzo, expresó la inconformidad sobre esta resolución por la que los asambleístas “olvidaron a Quito en llamas, a familias afectadas, a la propiedad privada afectada, a la estabilidad democrática afectada”.
“La Asamblea Nacional ha cometido un acto de injusticia. Si el objetivo fue el de dar un mensaje de pacificación, debió haber incluido en la amnistía –como era lo obvio y lo lógico– a todos aquellos que tuvieron participación en esos eventos. Han incluido solo a aquellos que estuvieron en la calle, pero no a aquellos funcionarios de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que estuvieron precautelando el orden y evitando que los desmanes llegaran a mayores. La Asamblea deberá responder y asumir la responsabilidad por la decisión que ha tomado. El Gobierno nacional, en respeto a la independencia de funciones, no le queda otra opción que la de respetar, no obstante cuestionar la decisión”, expresó Ordóñez en su mensaje institucional.
