Guillermo Lasso solicita a la Fiscalía que investigue a cinco asambleístas de Pachakutik, quienes habrían gestionado supuestos beneficios económicos a cambio de votos

El jefe de Estado apuntó a los legisladores Rosa Cerda, Edgar Quezada, Celestino Chumpi, Gisella Molina y Cristian Yucailla, además de un asesor legislativo.

El presidente de la República, Guillermo Lasso reveló los nombres de cinco asambleístas que habrían pedido supuestos “beneficios económicos” a cambio de apoyar el proyecto de ley de Inversiones, que finalmente se negó y archivó en la Asamblea Nacional. Puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía General para que inicie las investigaciones.

En una comunicación enviada a la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, la noche de este sábado 26 de marzo del 2022, señaló que los asambleístas Rosa Cerda (Napo), Gisella Molina (Cotopaxi), Édgar Quezada (Sucumbíos), Celestino Chumpi (Morona Santiago) y Cristian Yucailla (Tungurahua) -todos del movimiento Pachakutik- así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, habrían pedido “beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones”, de carácter económico urgente.

“Esto es gravísimo señora Fiscal y ante ello no puedo permanecer silente. Primero porque traicionaría mis obligaciones como presidente de la República, así como la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”, sentenció el jefe de Estado, en el oficio presidencial suscrito este sábado.

Dichos beneficios económicos habrían sido solicitados a los colaboradores de Lasso durante el mes de marzo, en una reunión de carácter político para buscar respaldos a la iniciativa legal, se describe en el documento.

Lasso recordó que los legisladores están prohibidos de percibir dietas u otros ingresos que no sean los correspondientes a su función, de acuerdo con el artículo 127 de la Constitución.

En este contexto solicitó que en ejercicio de las competencias de la Fiscalía, se investigue a los legisladores, tomando como referencia que el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifica como concusión a aquellos ciudadanos que en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses sueldos o gratificaciones no debidas.

Fue el pasado 24 de marzo, horas después de que la Legislatura negó y archivó el proyecto de ley de Inversiones con 87 votos, que el gobernante divulgó un video en las redes sociales en los que acusaba de “ladrones y corruptos” a los legisladores, que le habrían ‘chantajeado’ para dar sus votos a cambio de cargos en hospitales, empresas eléctricas, ministerios.

Este Diario, buscó conocer una declaración de los legisladores mencionados por Guillermo Lasso, pero solo Rosa Cerda respondió su teléfono celular indicando que se encontraba en una comunidad y no podía mantener la conversación. “En estos momentos estoy en una comunidad y no tengo buena cobertura”, precisó y pidió que se la vuelva a llamar, pero no fue posible contactarla hasta esta publicación.