Napo: Gobierno provincial enfrenta parálisis administrativa por embargo

| El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo enfrenta una parálisis administrativa tras la ejecución de un embargo judicial que afecta a 25 vehículos de su flota institucional. La medida responde a una demanda laboral que asciende a quinientos mil dólares, un monto que no se encuentra disponible en las arcas provinciales para solventar la obligación inmediata.

Este conflicto legal se originó durante la administración de la ex prefecta Rita Tunay y ha escalado hasta la etapa de ejecución forzosa bajo la actual gestión del Prefecto José Toapanta Bastidas. Según fuentes internas de la institución, la falta de liquidez impidió llegar a un acuerdo previo, lo que derivó en la intervención de un depositario judicial para asegurar los activos del ente provincial.

En estos momentos, las autoridades de Napo intentan gestionar una salida legal ante el retiro de los automotores que son vitales para las operaciones técnicas y administrativas en territorio. Como medio de comunicación, nos mantenemos a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Prefecto Toapanta para aclarar el impacto que esta pérdida de activos tendrá en los servicios ciudadanos.