El caso mecheros, en la Amazonia ecuatoriana.
Ha pasado más de un año desde que una Corte ordenó apagar los mecheros donde se quema gas natural en la Amazonía, y aún Petroecuador no los apaga.
(GK) Ha pasado más de un año desde que una Corte en la provincia amazónica de Sucumbíos ordenó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables apagar los mecheros donde se quema el gas natural de Petroecuador. Sin embargo, hasta ahora no se han apagado.
La mañana del 24 de marzo de 2021, integrantes del colectivo Eliminen los mecheros llegaron a Quito desde Sucumbíos y Orellana para exigir al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables que cumplan la sentencia y apaguen los mecheros.
La acción de protección contra los mecheros
El 20 de febrero de 2020, un grupo de nueve niñas y adolescentes de Sucumbíos y Orellana, en las provincias de mayor explotación petrolera, presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua por la quema de gas natural en los mecheros.
Los mecheros son un sistema de quema de gas natural que funcionan a una temperatura promedio de 400 grados centígrados —casi la misma que la superficie de Venus, el segundo planeta más cercano al sol. Según el Colectivo Eliminen los Mecheros, hay 447 mecheros en la Amazonía. La mayoría están en Orellana (232) y Sucumbíos (210) pero también hay otros en las provincias amazónicas de Napo y Pastaza.
Las nueve niñas alegaban en su demanda que la quema de gas en los mecheros vulneraba sus derechos al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Además, decían que el funcionamiento de los mecheros ha causado daños en la salud de los habitantes que viven cerca de los campos petroleros y ha contaminado el agua lluvia. Algunas personas cercanas a las niñas tienen —o han tenido— cáncer, y han padecido de enfermedades respiratorias presuntamente relacionadas con la quema del gas.
Sin embargo, el 7 de mayo de 2020, la acción de protección fue negada al colectivo.
Según la jueza María Custodia Toapanta Guanoquiza, de la Corte Provincial de Sucumbíos, no existían estudios que confirmaran la afectación en la salud de las personas de la zona.
La apelación
Las niñas no desistieron de sus peticiones y apelaron la sentencia.
La audiencia de apelación se postergó cinco veces antes de que se decidiera sobre el caso. Vivian Idrovo, abogada de una de las niñas demandantes, dice que la primera vez se postergó del 25 de junio de 2020 para el 16 de julio. Esa vez fue por pedido de las demandantes porque necesitaban coordinar la logística para movilizarse.
La segunda vez, cuenta la abogada, se cambió para el 26 de agosto porque los jueces dijeron que estaban enfermos. Luego, se pospuso para el 16 de septiembre porque los jueces necesitaban tiempo para leer los amicus curiae que les habían llegado. Estos son recursos legales de personas externas que tienen interés en el caso y quieren aportar con su opinión.
Cuando llegó el 16 de septiembre, la audiencia se volvió a aplazar. La razón esta vez fue que hubo cambios en los abogados patrocinadores de las niñas, y los jueces pidieron que se ratifiquen las modificaciones por escrito. La nueva fecha para la audiencia era el 2 de octubre. Esa vez la audiencia sí se instaló, pero fue suspendida en la noche sin que se presentaran todos los amicus y los argumentos de cierre de las demandantes.
La audiencia estuvo en pausa por más de tres meses hasta que finalmente se reanudó el 26 de enero de 2021.
En ella, la Corte Provincial de la provincia de Sucumbíos aceptó la acción de protección presentada por las niñas y ordenó que se apaguen los mecheros en la Amazonía ecuatoriana.
Luego, el 29 de enero, hubo una audiencia en la que se dictaron las medidas de reparación.
La abogada penalista Gisela Vaca dice que cuando hay una sentencia, esta debería, en teoría, notificarse de inmediato. Sin embargo, en este caso, eso no se cumplió.
La abogada Vivian Idrovo cuenta que la notificación escrita de las medidas de reparación llegó en mayo de 2021, y la notificación escrita de la sentencia de la audiencia del 26 de enero llegó el 29 de julio de 2021 —5 meses después.
Además, dice Idrovo, se pidió ampliación y aclaración de la sentencia, y eso llegó recién el 29 de septiembre de 2021.
Tras las notificaciones por escrito, las partes tenían tres días para apelar la sentencia, pero nadie lo hizo. La sentencia tenía que empezar a cumplirse.
Pero hasta ahora, seis meses después, no lo hace.
Sentencia incumplida
La mañana del 14 de marzo de 2022, el colectivo Eliminen los mecheros y algunas de las niñas demandantes, como Leonela Moncayo, llegaron a Quito para exigir que se cumpla la sentencia. En una rueda de prensa desde la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el centro norte de la capital, Moncayo dijo que tomaron la decisión de venir a Quito porque “tenemos derecho a vivir una vida digna, sin contaminación, y estamos luchando para que nuestro futuro sea mejor”.
Moncayo pidió al Estado que elimine los mecheros.
Además, afuera del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables se instaló un plantón para exigir que se cumpla la sentencia. En el plantón, además de varias de las niñas que presentaron la acción de protección contra el Estado e integrantes del colectivo Eliminen los mecheros, participaron varios habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Hasta ahora, el Ministerio de Energía no se ha pronunciado sobre las razones por las que no se ha cumplido la sentencia.
