Las ventanas y puertas terminaron rotas tras ser impactadas por los objetos y piedras que lanzaron en su retirada ante el avance de la Policía Nacional.

La sede del Ministerio Público ubicada en la avenida Abancay, Centro de Lima, fue atacada por los sujetos que participan este martes en la marcha contra las recientes medidas dictadas por el gobierno de Pedro Castillo.

En las imágenes televisivas se muestra que las ventanas y puertas de vidrio del frontis terminaron rotas tras ser impactadas por los objetos y las piedras que lanzaron los manifestantes en su retirada, ante el avance de la Policía Nacional. Minutos después, llegó el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, al local de la Fiscalía para constatar los daños.

Tras el ataque, los agentes se colocaron a lo largo de la avenida Abancay para resguardar la sede del Ministerio Público. Además, se instalaron rejas en el cruce de la Av. Abancay y el jirón Áncash, cerca del Congreso de la República.

Momentos antes, los manifestantes atacaron un patrullero que se encontraba en la Av. Abancay. La unidad terminó con las lunas rotas y el parachoque dañado. La Policía también desplegó miembros de la Policía Montada y la unidad conocida ‘rochabus’ para dispersar a los sujetos.

 decreto sobre inmovilización social fue inconstitucional, advierten expertos

Especialistas consultados por El Comercio consideraron que el decreto supremo violó principios como la proporcionalidad, la razonabilidad y que cayó en la arbitrariedad al no estar debidamente justificado. Señalaron que la responsabilidad política recaería sobre los ministros, pero que esto depende del accionar de control de parte del Congreso.

El decreto supremo dictado por el gobierno de Pedro Castillo para ordenar la inmovilización social este 5 de abril en Lima y Callao tiene vicios de inconstitucionalidad, de acuerdo con especialistas consultados por el diario El Comercio. En la tarde, durante su reunión con la Junta de Portavoces del Congreso, el mandatario anunció que iba a dejar sin efecto la norma.

Los constitucionalistas apuntaron principalmente a la desproporcionalidad y escasa justificación del decreto. Este fue dictado en medio de las protestas de transportistas por el incremento del precio del combustible que iniciaron la semana pasada en regiones como Junín y que este lunes se repitieron en Lima.

Para el gobierno, la medida era necesaria ante supuestas informaciones de inteligencia que daban cuenta de que este martes se iban a cometer actos de violencia en la capital. Sin embargo, los constitucionalistas señalan que esto debió comunicarse y sustentarse de mejor forma en el mismo decreto de urgencia.

Ante una norma que va contra principios constitucionales, coincidieron en que el Congreso podría realizar un control político contra los ministros que refrendaron el decreto, sean con interpelaciones o censuras, e incluso podrían ser pasibles de denuncias por infracciones a la Constitución.

Por la vía judicial, señalaron que los habeas corpus, como el presentado este martes por la Defensoría del Pueblo, son el camino para defender los derechos vulnerados. Sin embargo, esto requería un pronunciamiento en el mismo día del juez constitucional que vea el recurso, un escenario complicada, de acuerdo con los mismos abogados.

Luciano López: “Ha recurrido a la medida más extrema”

Para Luciano López, la medida no es constitucional. “La Constitución establece que este tipo de medidas deben respetar el principio de proporcionalidad. Si tú vas a restringir ciertos derechos fundamentales, que se pueden suspender en un estado de emergencia, tú lo tienes que hacer para claramente identificar cuál es la finalidad que pretendes proteger”, dijo a El Comerci