Allanan casa y canal de TV de tío de Jorge Glas, por caso Odebrecht
Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional y de la Dirección General de Inteligencia (DGI) allanaron durante la madrugada del viernes 2 de junio del 2017 el departamento en Guayaquil de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.
Esta madrugada, dentro de la operación Odebrecht Ecuador, la Fiscalía y grupos especiales de la Policía detuvieron a cinco personas: una en Quito, una en Latacunga y tres en Guayaquil y Daule, en la provincia del Guayas.
La fiscal subrogante de Ecuador, Thania Moreno, informó que en Quito se realizaron tres allanamientos, entre ellos un hotel, una empresa y un domicilio donde se encontró documentación relacionada a Odebrecht. En los allanamientos en Guayas se encontraron cinco cajas fuertes con $170.000, lotes de joyas por alto valor, carros de alta gama, un cheque de $980.000 de la empresa Odebrecht y armas sin los permisos correspondientes. Fueron un total de 18 viviendas allanadas.
Al momento los detenidos de Quito y Latacunga se mantienen en la Unidad de Flagrancia, al norte de Quito, a la espera de la audiencia respectiva.
En conferencia de prensa en el aeropuerto de Tababela, al nororiente de la urbe, el fiscal Carlos Baca Mancheno, señaló que debido a que algunos de los involucrados en la investigación previa sobre el caso Odebrecht tienen fuero de Corte Nacional de Justicia retornará, la próxima semana, a Brasil junto a un grupo de Fiscales para continuar con la toma de versiones y evidencias
La huella de Odebrecht
La huella que dejó la multinacional brasileña Odebrecht en el Ecuador se extiende a 15 proyectos estatales. La Contraloría ha emitido 31 informes finales con responsabilidades civiles (glosas y órdenes de reintegro) y administrativas (multas, retenciones de sueldos, destituciones, etc), desde el 2007.
El órgano de control ha auditado USD 4409,4 millones que corresponden, entre otros procesos, a la contratación y ejecución de obras y ha establecido glosas y multas por USD 144,7 millones. Entre los proyectos observados destacan las centrales hidroeléctricas: San Francisco, Manduriacu, Toachi Pilatón y Pucará. El Departamento de Justicia de los EE.UU. reveló a fines del 2016 que Odebrecht pagó sobornos por USD 33,5 millones y tuvo inconvenientes por un contrato de construcción y para solucionarlo contactó, a través de un intermediario, a un funcionario que tenía el control sobre contratos.
Estos problemas estuvieron relacionados con las fallas presentadas en la represa San Francisco y que incluso derivaron en que la empresa fuera expulsada del país junto con sus directivos, por el expresidente Rafael Correa. La Central San Francisco puso en la mira a Odebrecht Sin embargo, el impasse después se revirtió mediante un acuerdo transaccional entre Odebrecht, cuyo apoderado era José da Conceição Santos Filho e Hidropastaza, liderada por Ciro Morán y quien luego fue gerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. Ampliar En la hidroeléctrica San Francisco, construida por Odebrecht se identificaron fallas que derivaron en que la empresa fuera expulsada del país.
Este acuerdo incluyó que Odebrecht reparará la central para superar las 253 fallas identificadas en la obra y que pagará una indemnización de USD 20 millones. Como consecuencia de este convenio, que fue avalado por la Procuraduría General del Estado, se archivaron ocho glosas dispuestas por la Contraloría y el juicio, que se tramitaba en Tungurahua. Pero, las glosas y multas fijadas por el órgano de control en este caso ascendieron a USD 137,3 millones. Esto representa el 94,8% de la totalidad de responsabilidades establecidas en los 15 proyectos cuestionados. A este monto se suman otros USD 8,7 millones que Contraloría encontró con indicios de responsabilidad penal. Otros tres informes de auditoría revelan responsabilidades civiles y administrativas por USD 3 millones-monto muy por debajo del de San Francisco- correspondientes a la hidroeléctrica Manduriacu, en la que también participó Odebrecht.
Esta obra fue cuestionada en su momento por la Comisión Nacional Anticorrupción (Cnace), organismo constituido por movimientos sociales. En su informe, los miembros aseguraron que el contrato original fue de USD 124,8 millones y el precio final se duplicó a 227,3 millones, debido a la firma de contratos complementarios.
